Servicios de atención a menores

Asistencia especializada en procedimientos penales por lesiones físicas o psicológicas, homicidio, asesinato o malos tratos. Acompañamiento integral de la persona menor durante todas las fases del proceso penal, con especial atención a la protección de sus derechos.

Defensa legal en casos de amenazas verbales, coacciones, detenciones ilegales o cualquier otro delito que afecte la libertad de la persona menor o que haya sido presuntamente cometido por ella.

Intervención en procedimientos relacionados con abusos, agresiones sexuales o acoso, garantizando la máxima confidencialidad y el respeto a la sensibilidad de la persona menor y su entorno familiar.

Asistencia en casos de hurtos, robos, daños a la propiedad, estafas o apropiaciones indebidas. Intervención penal adaptada a la realidad de la persona menor, con enfoque en la reeducación y responsabilidad.

Apoyo en casos de bullying, ciberacoso, difusión de contenido íntimo, usurpación de identidad en redes sociales u otras situaciones que involucren nuevas tecnologías o el ámbito escolar.

Defensa especializada en procedimientos que afectan al ámbito familiar o de pareja, incluyendo denuncias por violencia de género o doméstica en las que esté implicada una persona menor, ya sea como presunta autora o víctima. Asistencia en casos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento u otras medidas judiciales, con especial atención al entorno emocional y educativo de la persona menor.

Intervención legal en casos relacionados con el consumo, tenencia o tráfico de sustancias estupefacientes por parte de personas menores. Enfoque jurídico-educativo orientado a la reorientación de la persona menor y a minimizar el impacto del proceso penal en su futuro.

Representación legal en causas derivadas de altercados grupales, enfrentamientos en espacios públicos o agresiones colectivas, prestando especial atención a la posición de la persona menor en los hechos y a su posible responsabilidad penal.

Asesoramiento y representación en la fase de instrucción y ejecución de medidas judiciales específicas para menores: libertad vigilada, tareas socioeducativas, internamiento, entre otras.

Servicios Penales

Ofrecemose defensa y asesoramiento penal en todo tipo de delitos, desde lesiones y amenazas hasta violencia de género o delitos contra la vida y el patrimonio

Atención cercana, confidencial y estratégica en cada caso

Los delitos que afectan a la vida y a la integridad física comprenden conductas que van desde el homicidio hasta las lesiones reguladas en los artículos 147 a 156 quinquies del Código Penal. Las lesiones pueden requerir o no tratamiento médico o quirúrgico y pueden verse agravadas por el modo de comisión, la vulnerabilidad de la persona afectada o el resultado producido.

Ofrecemos asistencia jurídica en procedimientos relacionados con lesiones y otros delitos contra la integridad personal, tanto en defensa como en acusación particular.

El Título VI del Libro II del Código Penal protege la libertad individual frente a conductas que limitan ilícitamente la capacidad de decisión y actuación de las personas. Las amenazas (arts. 169 a 171) consisten en anunciar un mal grave y verosímil, con agravación cuando se exija una condición o el mal anunciado sea constitutivo de delito. Las coacciones (art. 172 y ss.) implican impedir u obligar a realizar una conducta mediante violencia o intimidación.

Brindamos asesoramiento jurídico en procedimientos por amenazas y coacciones, diseñando una estrategia adecuada a las circunstancias del caso.

El Código Penal, en los artículos 178 a 194, regula los delitos que protegen la libertad e indemnidad sexual. La agresión sexual abarca cualquier acto realizado sin consentimiento, con agravaciones en casos de violencia, intimidación, especial vulnerabilidad o determinadas circunstancias de dominio. También se incluyen figuras como el acoso sexual y los delitos vinculados a la explotación sexual y a la pornografía infantil, así como las infracciones que afectan a personas menores de dieciséis años

Prestamos asistencia técnica en procedimientos por delitos contra la libertad sexual, con una intervención especializada y respetuosa en contextos sensibles.

Los delitos contra el patrimonio regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal comprenden conductas como el hurto, el robo, los daños, la estafa o la apropiación indebida. Su gravedad depende del uso de fuerza o violencia, del perjuicio económico causado y de las circunstancias concurrentes.

Nuestro equipo asesora y representa en procedimientos relacionados con la protección del patrimonio, defendiendo los intereses de las personas afectadas en cada fase del proceso penal.

La violencia de género y la violencia doméstica incluyen agresiones físicas o psíquicas, amenazas, coacciones y otras conductas cometidas en el marco de relaciones afectivas o de convivencia. El quebrantamiento de condena o de medidas cautelares (art. 468 del Código Penal) sanciona el incumplimiento de órdenes judiciales como las prohibiciones de acercamiento o comunicación.

Intervenimos en procedimientos de violencia de género, violencia doméstica y quebrantamientos de medidas, garantizando una actuación técnica y orientada a la protección eficaz de las personas afectadas.

Los artículos 359 a 378 bis del Código Penal sancionan conductas que ponen en riesgo la salud colectiva, destacando el delito de tráfico de drogas, cuya gravedad depende del tipo de sustancia, la cantidad intervenida, la finalidad del tráfico y la concurrencia de circunstancias agravantes.

Ofrecemos defensa y asesoramiento jurídico especializado en investigaciones y procedimientos por delitos contra la salud pública.

Los delitos de atentado, resistencia y desobediencia regulados en los artículos 550 a 556 bis del Código Penal sancionan los actos que obstaculizan la actuación legítima de la autoridad, sus agentes o determinados profesionales protegidos. La respuesta penal se determina según la conducta realizada y la condición de la persona funcionaria afectada.

Proporcionamos defensa técnica en procedimientos por delitos contra el orden público, actuando desde las primeras diligencias policiales y judiciales.

Los artículos 379 a 384 del Código Penal regulan los delitos relacionados con la seguridad vial, como la conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, la conducción temeraria, la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas o la conducción sin permiso. Las penas pueden incluir prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de conducir.

Actuamos en procedimientos por delitos contra la seguridad vial, analizando la actuación policial, las pruebas realizadas y las circunstancias concurrentes.

La cancelación de antecedentes permite eliminar inscripciones que generan efectos jurídicos o administrativos desfavorables. Los antecedentes penales pueden cancelarse tras el cumplimiento de la condena y los plazos legalmente establecidos; los antecedentes policiales, una vez archivada, sobreseída o concluida la causa sin condena.

Nuestro equipo se encarga del estudio de viabilidad, preparación de documentación y tramitación completa de las solicitudes de cancelación de antecedentes penales y policiales.

Servicios Civiles

Ofrecemos asesoría en temas familiares (divorcios, custodias) y patrimoniales (arrendamientos, desahucios), con atención personalizada y rigor profesional

El divorcio pone fin al matrimonio con efectos personales y económicos. Puede ser de mutuo acuerdo —más ágil y económico— o contencioso, cuando no hay consenso

En nuestro despacho intervenimos en ambos casos: redactamos convenios reguladores, representamos en juicio y defendemos sus derechos en todo el proceso

Tras la ruptura entre progenitores no casados, es necesario regular judicialmente la custodia, visitas, pensión de alimentos y uso del domicilio familiar

El procedimiento puede ser de mutuo acuerdo o contencioso, con intervención del Ministerio Fiscal para proteger a los menores.

Ofrecemos asesoramiento y representación legal, buscando siempre soluciones justas y ajustadas a la ley

Asesoramos a propietarios e inquilinos en la redacción, revisión y negociación de contratos de arrendamiento, así como en conflictos por impagos, incumplimientos o desahucios

Actuamos en vía extrajudicial y judicial, con atención especializada y actualizada para proteger sus derechos conforme a la LAU

El desahucio es el procedimiento judicial para recuperar un inmueble por impago, fin de contrato u ocupación ilegal. Permite reclamar rentas y solicitar el lanzamiento si no hay desalojo voluntario

Asesoramos tanto a propietarios como a inquilinos, analizando cada caso para definir la mejor estrategia jurídica y garantizar una defensa eficaz ante cualquier situación